Polémica en Colombia por el posible retorno de la aspersión aérea con glifosato
El Gobierno Nacional evalúa la medida para combatir el crecimiento de cultivos ilícitos, lo que reabre el debate sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.
Bogotá, Colombia - La discusión sobre el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos vuelve a ser centro de un encendido debate en Colombia. Ante el aumento de las hectáreas sembradas con coca, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retomar las aspersiones aéreas, una práctica suspendida desde 2015 por una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, respaldada luego por la Corte Constitucional.
La propuesta ha generado una fuerte controversia, reviviendo viejas tensiones entre la política antidrogas del Estado, las preocupaciones ambientales y los derechos de las comunidades rurales.
El debate desde diferentes frentes
Por un lado, los defensores del uso del glifosato, argumentan que la aspersión aérea es la única herramienta eficaz y a gran escala para frenar la expansión de los cultivos ilícitos, que siguen siendo la principal fuente de financiación de los grupos armados y las organizaciones criminales. Sostienen que, a pesar de los riesgos, la erradicación manual y la sustitución voluntaria no han logrado contener el problema en la magnitud necesaria.
Por otro lado, la oposición a la medida es contundente. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos han alertado sobre los graves efectos que el glifosato puede tener en la salud humana y en los ecosistemas. Diversos estudios científicos han clasificado el herbicida como "probablemente cancerígeno" para los seres humanos, y se han reportado casos de afectaciones en comunidades campesinas e indígenas que viven en zonas de aspersión. Además, se denuncia que la fumigación indiscriminada no solo destruye los cultivos de coca, sino también los de pancoger, afectando la seguridad alimentaria y forzando el desplazamiento de familias.
La posición de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha sido clara en sus sentencias, estableciendo estrictas condiciones para cualquier posible reanudación de la aspersión aérea. El tribunal ha subrayado que, en virtud del principio de precaución, el Estado debe garantizar que la fumigación no genere riesgos para la salud y el medio ambiente, y que, de existir la posibilidad de daño, la medida debe ser suspendida.
Hasta ahora, el Gobierno ha manifestado la intención de solicitar a la Corte que reconsidere su posición, argumentando la necesidad de una herramienta más contundente para enfrentar la crisis de cultivos ilícitos. Sin embargo, el Ministro de Justicia ha señalado que es un camino "supremamente difícil" de recorrer, dadas las limitaciones constitucionales.
¿Alternativas viables?
Mientras se desarrolla el debate, los sectores que se oponen al glifosato insisten en la necesidad de fortalecer las políticas de sustitución de cultivos y de inversión social en las zonas más afectadas por la violencia y el narcotráfico. Argumentan que la solución de fondo no está en una fumigación indiscriminada, sino en el desarrollo de alternativas económicas sostenibles para los campesinos, desmantelando las estructuras criminales que se lucran del narcotráfico.
La controversia, que toca fibras sensibles de la política, la salud pública y el medio ambiente, sigue abierta y en los próximos días se espera que se tomen decisiones clave que podrían marcar el futuro de la lucha contra las drogas en Colombia.